Según la nota informativa difundida por el Ministerio, se prevé aplazar hasta octubre de 2028 las obligaciones aún pendientes de aplicación del Real Decreto 1007/2023, de 5 de diciembre. La medida busca favorecer la máxima convergencia posible entre los sistemas de facturación electrónica y la normativa VERI*FACTU, tanto desde el punto de vista normativo como técnico.
La modificación permitirá hacer coincidir la entrada en vigor de estas obligaciones con de la factura electrónica para empresarios y profesionales cuya facturación anual no supere los ocho millones de euros.
Además, una vez aprobada esta alineación de calendarios, el Ministerio abordará una nueva modificación normativa orientada a avanzar en la convergencia de los ámbitos de aplicación y de determinados aspectos técnicos de la regulación vigente, teniendo en cuenta los futuros requisitos de reporte digital previstos por la iniciativa europea ViDA (VAT in the Digital Age). Hacienda ha subrayado que esta adaptación no supondrá una reducción de las garantías exigidas a los sistemas de facturación. En este sentido, se mantendrán, en términos sustancialmente equivalentes a los actuales, los requisitos relativos a la integridad, conservación, accesibilidad, legibilidad, trazabilidad e inalterabilidad de los registros, así como el resto de garantías técnicas contempladas en el desarrollo normativo vigente.
