El COEM detectó la conducta irregular y activó el proceso penal, que pasa ahora a la fase de juicio, tras la acusación del Ministerio Fiscal (y del propio Colegio) en la que se solicita una pena de dos años de prisión, así como una multa e inhabilitación especial para el ejercicio de derecho de sufragio pasivo y el ejercicio de cualquier puesto de trabajo en una clínica dental y para ostentar la titularidad de un centro sanitario por el tiempo que dure la condena.

El proceso queda pendiente de que se fije fecha para la celebración del juicio en los Juzgados de lo Penal de Madrid.